Relación entre el cambio climático y el aumento de la pobreza

Lo curioso es que, al mismo tiempo, las poblaciones más vulnerables son los actores ideales para mitigar los daños ambientales y procurar la conservación de los ecosistemas.
Gracias a la proximidad, dichas comunidades conocen bien sus territorios: las periferias urbanas donde se extiende el campo, las costas y su biodiversidad, las laderas de los ríos y los movimientos de éstos, así como los cerros junto con el comportamiento de la tierra.

De los recursos que salen de esos ecosistemas, demostró un estudio de WWF, se basa el 

89 % de la producción económica de las personas que viven bajo extrema pobreza en el mundo. Y en Colombia la reciente política de Pago por Servicios Ambientales (PSA) va en esa línea.

Esta estrategia, lanzada el 7 de julio de este año por el presidente Juan Manuel Santos, pretende pagarles a los campesinos por proteger y recuperar los ecosistemas. La iniciativa busca que, mientras se intenta reducir sus bajas condiciones económicas, los campesinos reciban dinero por contribuir al cuidado de los recursos naturales.
La meta de PSA es tener, para 2025, un millón de hectáreas productivas bajo procesos agropecuarios sostenibles, a la vez que familias y comunidades en situación de vulnerabilidad económica cuidan bosques, páramos, humedales y otros ecosistemas estratégicos del país, como si fueran sus reservas naturales privadas. Una acción alineada a reducir la desigualdad.